Hablemos de los presos (y las presas, claro)
El acercamiento de dos asesinas muy cualificadas de ETA, Idoia López Riaño e Inés del Río Prada, a las cárceles de Nanclares y Palencia, respectivamente, ha vuelto a encender la polémica. Deberíamos hacer algunas precisiones. La política de dispersión y alejamiento de los presos, puesta en marcha a principio de los años 90 por el Gobierno de Felipe González en el que Enrique Múgica ocupaba la cartera de Justicia, no era una política diseñada para aumentar dentro de lo que cupiera el castigo que para los terroristas presos suponía la propia pena privativa de libertad y las accesorias.
La dispersión tenía como objetivo separar a los etarras con el fin de impedir que los colectivos de presos en cada centro fueron un elemento de cohesión del llamado 'frente de makos' y que los reclusos estuvieran bajo la 'autoridad' de los más duros. El alejamiento era una medida complementaria de la anterior que no pretendía imponer una pena colateral a los familiares de los alejados, ni hacerles gastar más dinero en autobuses para poder poder ver a su pariente recluso.
La política carcelaria no debía entenderse como una de las obras de misericordia y sí como parte de una estrategia coherente contra el terrorismo, encaminada a apartar a los presos de la tutela y el control de la organización. He aquí algunas consideraciones sobre el asunto. Toda mi simpatía y mi solidaridad están con las víctimas del terrorismo y con la deuda que la sociedad tiene hacia ellas para preservar su derecho a la memoria, dignidad y justicia. Creo que el Gobierno debe informarlas, como debe hacerlo con el partido de la oposición. Pero no creo que deba negociar con aquellas ni con éste en qué cárceles han de cumplir sus condenas los terroristas.
Es cosa sabida que los presos de ETA tienen prohibido aceptar beneficios penitenciarios. Otro factor a tener en cuenta es que los traslados son perfectamente reversibles si no dan los resultados apetecidos y el daño, inexistente, en el caso de que la medida se revele errónea andando el tiempo. Por otra parte, quienes ven en el acercamiento de López Riaño la prueba de que está en marcha una negociación, deberían establecer sus relaciones causales con algo más de cuidado. Veámoslo con un ejemplo:
El 28 de junio de 1996, el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, ordenó el acercamiento a cárceles próximas al País Vasco de una treintena de presos etarras, cuando estaba a punto de expirar la tregua de una semana concedida por la banda terrorista para tantear al Gobierno recién constituido de José Mª Aznar. No debería entenderse que el PP traicionara entonces a los cientos de víctimas de ETA y mucho menos que estuviera preparando el camino para la tregua de Lizarra y la conversación de 1999, tal como pretende el agit-prop socialista. Vean aquí, por cierto, otra perversa relación de causa a efecto: las verdaderas causas de la debilidad actual de ETA según la doctrina social del PSOE: ETA no supo estar a la altura de la generosidad de Zapatero en la negociación y esto abrió los ojos a los ciudadanos vascos que empezaron a verlos como lo que realmente son: unos malquedas.
